La legislación electoral vigente fue hecha sobre las rodillas y como respuesta a una serie de heridas que dejó el proceso federal de 2006, pero aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

El problema de esa reforma, como suele suceder, es que un cúmulo de intenciones para sacar el dinero de la política, expulsar a los poderes fácticos de la contienda y acabar con la guerra sucia –más o menos así lo han dicho diversos actores–, terminó en una quimera legal que dejó muchos vacíos que permiten interpretaciones contradictorias y marginó a la ciudadanía del panorama.

Entre los principales problemas que encuentro a la reforma, están los siguientes.

Hace seis años, el cálculo del financiamiento público a los partidos políticos se hacía con una fórmula que nadie podía explicar; hoy, esa fórmula es perfectamente comprensible, pues considera una proporción del salario mínimo y el número de electores en lista nominal. El dinero sigue siendo excesivo y no genera incentivos para la participación electoral, pues la proporción es fija, en lugar de depender de cuánto atraen los partidos a la ciudadanía a la hora de acudir a las urnas.

Se prohibió la compra de espacios en radio y televisión, con lo que se cortó de tajo una “transferencia” de recursos públicos a medios de comunicación privados. Según los reportes de campaña de 2006, los partidos pagaron $3,500 millones a los medios. Aunque los partidos ya no tienen que gastar (ya no pueden hacerlo) en tiempo aire, no se redujo su financiamiento público.

Los partidos sólo tienen acceso a tiempos del Estado para la transmisión de sus promocionales, con lo que se libra la sospecha de casi 300 mil spots no reportados en 2006 cuyo origen financiero todavía se desconoce; además de que el costo era absolutamente inequitativo para quienes compraban menos espacios. El modelo de acceso a medios de comunicación garantiza a los partidos casi 22 millones de spots de no más de 30 segundos para (tratar de) transmitir sus propuestas de campaña.

Por otro lado, la prohibición de campañas en las que se puedan contrastar propuestas o antecedentes de partidos o candidaturas para tratar de explicar porqué se es mejor que la competencia se dio para evitar la “guerra sucia” y las “campañas negativas”; y me encantaría que esos millones de spots se convirtieran en debates –de los que sí son, como nunca los hemos visto, ¿algún día serán así?

Hasta aquí, todo más o menos claro. Pero llegamos a la “intercampaña”, ese momento de silencio para los partidos y sus candidatos federales hasta el 30 de marzo. Las autoridades electorales no logran parchar los huecos que dejó el legislativo y, al vapor, tratan de limitar la ofensiva de los partidos para seguir apareciendo en medios en un periodo en que habrían de guardar silencio.

Por casi 45 días no escucharemos ni veremos spots, pero los candidatos sí podrán dar entrevistas y “opinar sobre la coyuntura nacional”, lo que sea que eso signifique, y aparecer en prensa como parte de la cobertura natural (¿?) a sus opiniones.

Piedritas

Aún falta un nombre para completar la lista que, en este orden, aparecerá en la boleta para la presidencia: Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y la persona que sea nominada por Nueva Alianza, partido que al momento no da señales de a quién abanderará.

A menos de 24 horas de que proteste el cargo, el TRIFE reconoció a Fausto Vallejo como el triunfador de la elección de Gobernador de Michoacán para los próximos tres años y ocho meses, a partir de mañana.

@SegunGus