Finanzas

Robo de identidad, delito importado de Centroamérica y Europa

Se aprovechan la oportunidad y el desconocimiento de la gente

A pesar de que el robo de identidad se ha convertido en un delito recurrente que afecta sobre todo a la ciudadanía en la capital del país, se trata de un acto ilícito relativamente nuevo y hasta ahora se ha resuelto mayoritariamente a favor de los usuarios, aseguró Mario Di Costanzo, titular de Condusef.

Entrevistado en el Museo de Antropología al participar en el Día Internacional de Protección de Datos Personales, el funcionario señaló que se trata de un delito importado de Centroamérica y Europa.

El titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que en muchas ocasiones se ha detectado que hay bandas internacionales compuestas por centroamericanos y europeos, especialmente rusos, que aprovechan la oportunidad y el desconocimiento de la gente.

Por ejemplo, dijo, con la reciente aprobación de la nueva legislación en materia de transparencia, algunos delincuentes enviaron a usuarios de la banca avisos solicitando actualización de datos personales a través de correos que simulaban ser de instituciones bancarias.

Sin embargo, ningún banco realiza esta práctica y los delincuentes obtuvieron de esta manera información de muchas personas.

Con todo, en la mayoría de los casos se trata de delitos cometidos en forma oportunista, aprovechando el descuido de las personales, dijo.

Mario Di Costanzo lo explicó de manera coloquial al señalar que es una versión moderna del clásico juego callejero de “dónde quedó la bolita”, pues mientras las personas buscaban la respuesta, alguien les sustraía la cartera.

En ese sentido reiteró el llamado a los usuarios de los servicios financieros a cuidar su información personal y nunca contestar correos en lo que les solicitan datos, porque los bancos no envían esta clase de comunicaciones.

Adelantó que la próxima semana se firmará un convenio de colaboración entre la Condusef, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras instituciones para prevenir el robo de identidad y el fraude cibernético.


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