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Investigan fraude en construcción de línea de metro olímpica en Río

En una auditoria del Tribunal de Cuentas del Estado, los técnicos encontraron “ilegalidades graves”

Considerada el principal legado de movilidad de los Juegos Olímpicos a la ciudad de Río de Janeiro, la línea 4 del metro, que fue inaugurada con meses de retraso el pasado fin de semana, habría servido para desviar ilícitamente por lo menos dos mil 300 millones de reales (unos 720 millones de dólares).

En una auditoria del Tribunal de Cuentas del Estado (institución que vela por el uso del dinero público en Río), los técnicos encontraron “ilegalidades graves” en la construcción de la línea 4, que enlaza el centro turístico de la ciudad con el Parque Olímpico de Barra de Tijuca.

La facturación de los gastos, los desvíos y la atribución de obras sin licitación pública ascienden a dos mil 300 millones de reales de un total de ocho mil 400 millones de gastos auditados hasta la fecha.

Sin embargo, los desvíos podrían ser superiores, ya que queda una parcela de mil 300 millones de reales (400 millones de dólares) por auditar por parte del Tribunal.

La constructora Odebrecht, la mayor de Brasil y en el centro de la Operación Lava Jato sobre los fraudes alrededor de la estatal Petrobras, es la responsable de liderar el consorcio que realizó la obra del metro y deberá explicar al Tribunal el motivo del sobrecosto, según el diario O Globo, que reveló los documentos de la corte.

Asimismo, están llamados a declarar el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, y el actual gobernador Luiz Fernando Pezao, así como varios secretarios estatales de transporte.

La construcción de la línea 4 del metro estaba planeada desde 1998, pero solo gracias a los Juegos Olímpicos se logró desatascar la obra, cuyo costo inicial fue estimado en cinco mil millones de reales (mil 500 millones de dólares), pero acabó costando casi el doble: nueve mil 700 millones (tres mil millones de dólares).

Otros proyectos vinculados a la celebración de los Juegos Olímpicos, como la remodelación del Estadio Maracaná o la rehabilitación del centro de Río de Janeiro, son objeto de sospecha de desvíos de dinero público.


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