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Más fuerte, el sistema para proteger menores de edad, afirma gobierno

A seis meses de la primera reunión de las secretarías ejecutivas de los sistemas nacional y estatales de protección integral a los derechos de la niñez y la adolescencia se ha fortalecido el proceso institucional en la materia, afirmó Ricardo Bucio Mújica.

A seis meses de la primera reunión de las secretarías ejecutivas de los sistemas nacional y estatales de protección integral a los derechos de la niñez y la adolescencia se ha fortalecido el proceso institucional en la materia, afirmó Ricardo Bucio Mújica. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó la instalación de los 32 sistemas estatales, 531 municipales y 29 procuradurías de protección, las cuales deben generar diálogo para el cumplimiento de objetivos y evitar acciones aisladas.

En la inauguración de la Reunión de Secretarías Ejecutivas de los sistemas Nacional y estatales, en la Ciudad de México, subrayó que la conformación de un mecanismo sólido permitirá proteger y garantizar los derechos para este grupo poblacional.

Es decir, un mecanismo articulado entre los poderes públicos, los tres niveles de gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general.

En este sentido, Bucio Mújica destacó cinco puntos para dar inicio a una nueva etapa en la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de las acciones de los sistemas nacional, estatales y municipales.

En el primer lugar está “Visibilizar” para dar relevancia social, política y económica a toda la población de ese sector, además de “desnormalizar” la violencia, el abandono y todas las condiciones que enfrentan cotidianamente.

El segundo es “Articular” todas las acciones, programas, líneas de acción desde todos los Poderes Públicos y con la intervención de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Como tercer punto señaló “Construir integralmente”, pues México debe ser un verdadero hogar para niños y adolescentes, donde la definición estratégica de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sean las piezas que formen cimientos sólidos y de largo plazo para la protección y garantía de sus derechos.

El cuarto es la “Intervención temática”, que trata de definir un modelo de trabajo entre todo el sistema para atender situaciones concretas y urgentes, entre ellas el trabajo infantil, la explotación sexual y la trata, además de la pobreza, la justicia y el embarazo en adolescentes.

El quinto es “Reforzar” a los municipios como autoridades de primer contacto, lograr que las acciones del sistema lleguen a cada infante y adolescente de México, que sepan que existe para su beneficio.

Sobre el tema, la representante del Unicef en México, Isabel Crowley, recalcó que es indispensable hacer que el sistema de protección llegue de manera prioritaria a los municipios, donde niños y adolescentes encuentran sus primeras oportunidades de ejercer sus derechos.

La funcionaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) explicó que por ello es necesario que ese nivel de gobierno garantice la seguridad, la protección especial en casos de menores de edad víctimas de todo tipo de violencia.

Es importante impulsar desde ahí la restitución integral de sus derechos fundamentales, darles prioridad nacional y local como eje rector en las agendas de autoridades de los tres niveles de gobierno y de los poderes públicos, abundó.

La procuradora federal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre, destacó los avances a nivel institucional, así como los nuevos desafíos existentes en la materia, producto de que el trabajo legal se sigue fortaleciendo.

Como ejemplo, la funcionaria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) citó la recién aprobada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Montealegre Díaz afirmó, México está en un proceso de construcción de una plataforma legal, institucional y social que debe trascender los periodos de las administraciones de gobierno.


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